Por David Uriarte / 

 

El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, el Maestro en Ciencias José Carlos Álvarez Ortega, hizo un pronunciamiento ante los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Culiacán y otros lugares del estado de Sinaloa, el día 17 de octubre de 2019.

Condena enérgicamente los hechos, llama a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que de inmediato ejecuten las acciones tendientes a restablecer el orden y la seguridad pública del estado de Sinaloa.

También pide a las autoridades proporcionar información oportuna y veraz a través de los medios pertinentes para evitar vacíos de información que genere confusión e incertidumbre en la sociedad. La Comisión refrenda el compromiso de vigilar el cumplimiento del Estado de Derecho y garantizar con ello la paz y la tranquilidad social.

No son pocos los que se preguntan si realmente sirve de algo el pronunciamiento que de buena voluntad hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa. Es evidente que su titular, el Maestro Álvarez Ortega, es hombre de buena fe, íntegro, bien intencionado, con un equipo de trabajo reducido pero comprometido y capaz.

Sin embargo, en el actual régimen de gobierno, tanto los Organismos no Gubernamentales como las Comisiones de Derechos Humanos, están acotadas, reducidas a un membrete, castigadas con un presupuesto que sólo alcanza para lo mínimo deseable, y a veces ni eso… en fin, una de las maneras de ahogar la eficacia de un organismo es quitarle el oxígeno que lo hace operar: el dinero.

Entre los malos entendidos de una cultura rupestre, donde los derechos humanos aún no son entendidos, y un sistema de gobierno anclado en las prácticas del siglo pasado; los esfuerzos por orientar y dar cauce a la convergencia armónica de autoridades y particulares, la descalificación de la sociedad a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos por creer que éstas son salvoconducto de las prácticas antisociales, y el desacato de la autoridad ante las recomendaciones, es que las Comisiones Estatales de Derechos Humanos están quedando huérfanas.