Para el próximo regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022, la Secretaría de Educación Pública (SEP) modificó y amplió la carta compromiso que los padres deberán entregar el 30 de agosto.
En la misiva se añaden una serie de incisos en las que los padres y madres se comprometerán a revisar diariamente la salud de sus hijos, además de su opinión sobre el regreso a clases presenciales y si desean que este sea de esa manera, a distancia o mixto.
Algo así:
Y aunque el documento a simple vista se expresan en términos que podrían ser inocentes para la población en general, el documento implica mucho más.
Y es que, como explica Surya Palacios periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos, se trata de un intento de deslinde del gobierno federal para no cumplir con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que tiene por objeto “reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños.
La especialista explica en un artículo para el medio Alto Nivel que el gobierno federal mexicano a través de una “carta compromiso de corresponsabilidad” intenta transferir a los padres de familia su responsabilidad patrimonial como Estado ante cualquier afectación o daño que sufran los menores que asistan a las aulas.
Anunciado el jueves por la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, la carta de aceptación mencionada, lejos de ser uno de los tres filtros sanitarios que deberán pasar los educandos a su llegada a la escuela, en realidad es la forma en la que, jurídicamente, el gobierno pretende evitar las demandas de indemnización que podrían promoverse en caso de que los alumnos se contagien de Covid-19 en los centros educativos.
Si bien la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mencionó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que el regreso a clases “sería voluntario”, hasta ahora ni la funcionaría ni esa dependencia han detallado dos aspectos básicos que deben considerarse antes del inicio del ciclo escolar:
- ¿Quién será el responsable en caso de que se genere un foco de contagio de Covid-19 en las escuelas?
- ¿Qué pasará con la educación de los niños y jóvenes cuyos padres decidan no llevarlos a clases presenciales?
La respuesta a la primera pregunta se responde parcialmente con el requisito ya anunciado de la carta de corresponsabilidad, pues en el hipotético caso de que un menor se contagie de Covid-19 en el centro educativo y, pensando en el peor escenario, fallezca o sobreviva con alguna secuela de gravedad, los responsables “voluntarios” serán los padres de familia y no el Estado mexicano, gracias a la mencionada misiva que -en contraste- será obligatoria a fin de que los menores puedan entrar a la escuela.
Incumplimiento de la ley
La carta en cuestión puede considerarse como las “letras chiquitas” de los contratos abusivos, aquellas que usualmente no se leen por los firmantes, o se expresan en términos inocentes u incomprensibles para la población en general.
La realidad es que se trata de un intento de deslinde del gobierno federal para no cumplir con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que tiene por objeto “reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”, de acuerdo con el artículo 1 de esa norma.
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Con información de AltoNivel
