La discriminación que se ha dado en Sinaloa y México conlleva a que los indígenas sean ciudadanos de segunda, lo cual lo rechazamos categóricamente, la pobreza entre los indígenas es intergeneracional, una niña o un niño que nace proveniente de una familia de indígenas, significa prácticamente que no les espera un futuro exitoso.

Para escalar socialmente es clave la educación, de no ser así existe una gran posibilidad de vivir en la pobreza y la pobreza extrema, y algo que tenemos que tomar en cuenta que, de acuerdo a los índices de pobreza, esta alcanza casi el 70 %, y las oportunidades son pocas.

Nosotros no debemos de apostarle a que lleguen los procesos electorales, para ser parte de los contingentes que asisten, para ir a recibir una despensa, o escuchar discursos demagógicos donde siempre se plantea que se va a considerar a las comunidades indígenas, sin embargo, todo sigue igual.

Lo anterior lo afirmo en torno al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, organismo que registra que en México hay más de 12 millones de indígenas, y en Sinaloa conviven poco más de 70 mil distribuidos en 10 de los 18 municipios de la entidad; Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Navolato, Elota y en Escuinapa.

Debo decirles que una forma efectiva para defender nuestros derechos es estar presentes en los espacios de la administración pública donde se deciden las políticas públicas y la asignación de recursos.

Por ello el PAS lucha por que se cumpla la ley que mandata que en aquellos municipios de México que tienen asentamientos indígenas, deberán tener un representante ante el cabildo, el cual se debe elegir de acuerdo a sus usos, costumbres y cultura.

Ahorita se está discutiendo en el Congreso que, si eso dice la Constitución, pues hay que hacerlo, pero algunos diputados dicen que la representación significa solamente voz, pero no voto.

Desde ahorita les decimos que, si lo hacen así, interpondremos un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fue el 28 de noviembre del 2018, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mandata al Congreso del Estado de Sinaloa para que hagan una consulta entre las comunidades indígenas para ver cómo van a nombrar a sus representantes ante los cabildos, así como también los mandató para que homologaran las leyes secundarias como es la Ley de Instituciones Políticas y Electorales y la Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas.

El Congreso Estatal ya nos escuchó y ya sostuvimos reuniones con la diputada Graciela Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política y en este momento ya están programando las formas en como llevarán a cabo estas consultas.

La sentencia también mandató a los 10 municipios para que fueran a las comunidades indígenas a explicar esta sentencia, en español y en el dialecto correspondiente.

Los municipios no lo hicieron, y de nueva cuenta acudimos a la Suprema Corte a interponer una queja, de ello se derivó una amonestación a 6 municipios, y ahora de no cumplir con el mandato serán multados por un monto entre 50 y 5000 mil salarios mínimos, y de no obedecer las autoridades pueden ser detenidos hasta por 36 horas, e incluso abrir una carpeta de investigación.

El plazo que les dieron a 6 municipios fue de 15 días; Ahome, Choix, El Fuerte, Angostura, Sinaloa y Navolato.

El PAS no quitará el dedo del renglón hasta que se cumpla la ley, y en los cabildos estén representados los asentamientos de indígenas para que luchen por sus intereses, ese es nuestro compromiso; empoderar a los indígenas.