Por David Uriarte /

Si por supuestas irregularidades en la adquisición de bienes de consumo perecedero como tortillas, las autoridades universitarias enfrentan procesos vinculatorios, imaginemos lo que viene por mil setecientos millones de pesos donde están implicados empleados del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), y dos empresas emblemáticas de la economía sinaloense.

La aritmética es simple, y más simple la famosa regla de tres: si por cien millones de pesos una persona enfrenta cuatro procesos, por mil setecientos millones ¿Cuántos procesos enfrentará?

La cadena de hechos tiene eslabones en el pasado, en el presente y probablemente en el futuro… Las bondades del Sistema de Administración Tributaria a través de los convenios de colaboración con las entidades federativas, transfiere atribuciones de revisión, fiscalización y dictaminación de grandes contribuyentes, de alguna manera descarga en organismos estatales la función de la federación en materia fiscal.

La confianza en los procesos existe, la confianza en los operadores es otra cosa, es decir, si este conflicto hacendario se inició en la administración de MALOVA o de Quirino, y se advirtió precisamente en los días de la entrega-recepción del gobierno actual, significa que su resultado de alguna manera ya se esperaba.

La disciplina financiera y el aseo contable de las grandes empresas como las señaladas en el caso, resultaron en conflicto serio, tan serio que el propio Gobernador acompañado de sus cartas fuerte en el tema, tuvo que dar la cara y adelantarse a la construcción de percepción social en un tema de desprestigio empresarial, y de paso, de señalamiento a los operadores de los dictámenes contables y financieros donde la autoridad fiscal federal dio ‘el manotazo’ y puso sobre la mesa el tema.

Alguien tiene que pagar esta diferencia traducida en pesos y no serán los sinaloenses, no serán los que tributan o pagan sus impuestos de manera puntual, serán los empresarios implicados, y es posible que por lo menos exista responsabilidad administrativa a la falta grave de aquellos que tejieron la famosa estrategia fiscal.

Parece que el que tiene más paga menos y el que tiene menos paga más, el desprestigio empresarial cubre una cuota más alta que la liquidación de estos créditos fiscales como se les llama en la jerga contable.

¿Se aplicará la regla de tres?