Por David Uriarte /
No se necesita mucha capacidad de análisis para entender que los problemas institucionales terminan donde inician: en el dinero.
Los problemas de las universidades públicas se reducen al subsidio; los problemas de los servicios de salud, al presupuesto; los problemas de la infraestructura educativa tienen que ver con dinero; el problema del mantenimiento de puentes y carreteras se debe a la falta de recursos. Y así sucesivamente: el principio y el fin de gran parte de los problemas que enfrenta el gobierno en turno es el problema del dinero.
Prácticamente todas las áreas de gobierno enfrentan el mismo problema. La seguridad pública no se escapa. La falta de personal en las fiscalías se debe al recorte presupuestal o a la insuficiencia de este. Es decir, el recurso humano y los recursos materiales son insuficientes debido a la carencia del recurso financiero.
La dirección del fenómeno financiero es la costumbre y la resignación: acostumbrarse a la respuesta de “no hay”; resignarse a vivir o sobrevivir en la escasez y la carencia será el nuevo estilo de vida.
Las universidades públicas enfrentan un castigo doble. Por un lado, el tema del subsidio reducido; por otro, la inconformidad de grupos radicales, tanto de jubilados como de personal activo, que buscan a toda costa seguir en el mismo esquema de hace años, ese esquema que se mantuvo sin problema en gobiernos y regímenes políticos anteriores.
A partir de las nuevas directrices institucionales, las políticas públicas sufren una reducción sustancial en las finanzas. Esto repercute en la nómina y en los procesos operativos: menos contrataciones, menos incrementos salariales, menos beneficios individuales y colectivos, más carencias en lo relativo a insumos, materiales y equipos para operar; en consecuencia, productos, servicios y obras a la baja.
La inercia institucional puede arrastrar programas vitales como los de salud, seguridad, educación y economía: hospitales sin insumos, diferimiento de cirugías programadas, programas de atención a pacientes crónicos suspendidos, tratamientos médicos o farmacológicos incompletos. Dolor y sufrimiento es una cosa, pero condenar al enfermo a una muerte prematura es otra cosa.
Todo lo que afecte a la sociedad se debe corregir. Pero cuando la afectación es en la seguridad pública y las consecuencias son la muerte, ¿cómo lo corriges? ¿Es el principio o el fin?
