Por David Uriarte /
No se trata de testosterona, se trata de cumplir con el mandato constitucional de gobernar un municipio libre como Culiacán.
Los servicios públicos municipales y su calidad, dependen tanto de los recursos humanos como financieros, es decir, una cosa es la capacitación y adiestramiento junto con la vocación del servidor público, y otra la remuneración, los insumos e instrumentos con los que se cuentan para cumplir la función.
La sociedad se pregunta sobre la semaforización, el bacheo de las calles o avenidas principales, el servicio de agua potable y drenaje sanitario, el alumbrado público, la recolección de basura, el control del caos vehicular a las ‘horas pico’, la regulación del comercio en la vía pública; los tiempos de respuesta de las patrullas en casos de emergencia, la regulación y vigilancia de horarios de las casas de cita, el control sanitario de las sexo-servidoras, entre otras tantas funciones del gobierno municipal.
A la sociedad no le interesa si el funcionamiento y sincronización de los semáforos en Culiacán es responsabilidad del estado o el municipio, lo que quiere es disfrutar de una movilidad fluida y segura; esta idea deber ir acompañada del cumplimiento de sus obligaciones como el pago puntual del predial y de los servicios públicos municipales que recibe o disfruta. Poner orden implica hacer cumplir la ley, esto genera un costo social y político.
Pagar la nómina de los servidores públicos municipales exprime gran parte de las finanzas, tema implícito son las asimetrías salariales herencia de las administraciones anteriores: sueldos superiores a los cincuenta mil pesos mensuales en las mismas tareas donde sus iguales no alcanzan los quince mil. Detener o no promover conductas legales pero injustas, forma parte del precio que se tiene que pagar para poner orden.
El precio de la percepción es otra asimetría, mientras la sociedad en general aplaude las acciones de control instrumentadas por el gobierno municipal, las minorías afectadas respingan y buscan conservar sus prerrogativas.
Si otros órdenes de gobierno o los demás poderes interfieren en el desarrollo armónico de la administración pública municipal, la respuesta de sumisión es lo esperado por los protagonistas del conflicto, sin embargo, la confrontación legal es otra parte del precio y el desgaste natural de la defensa del municipio libre.
Poner orden tiene un precio ¿Quién lo paga?
