Por David Uriarte /
Es tanta la presión social por los acontecimientos del nueve de septiembre a la fecha, aunque todo empezó el 25 de julio con la llegada de los personajes a Estados Unidos y la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, estos son los marcos de referencia para entender la dinámica económica (dinero) y emocional (miedo) que está viviendo la sociedad en Sinaloa, especialmente en Culiacán.
La sociedad sabía desde el inicio delo conflicto, que las condiciones estaban dadas para esperar enfrentamientos entre grupos rivales; el gobierno, al estar más informado, suponía el inicio de una guerra focalizada geográficamente en territorios marcados por los grupos. Seguramente, lo que nunca se dimensionó, fue el tamaño o el alcance de los daños a la vida, el patrimonio, y la seguridad pública.
Por si le faltara algo a la tormenta perfecta, la policía municipal de Culiacán es desarmada hace más de dos semanas por el ejército, en las calles no hay presencia de policía municipal ni personal de vialidad y tránsito.
Los videos en redes sociales, documentan robos a tiendas de todo tipo, incluso ayer le tocó el turno a una ferretería; los camiones urbanos no son la excepción. La pobreza es el rostro de la ciudad, bandas musicales en los cruceros de mayor tráfico, comerciantes exhibiendo o promocionando sus productos, empresarios despidiendo personal… los más desafortunados cerrando sus negocios.
Paradójicamente, mientras el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se paseaba por las calles de la ciudad con una columna de fuego impresionante, Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Laura Guzmán, vicepresidenta de Canirac zona norte (Baja California, Baja California sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa y Durango); y Oscar Loza Ochoa, fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa; se preparaban para buscar el acercamiento en la Ciudad de México con las Cámaras y los medios de información nacional.
El precio por decir la verdad y nada más que la verdad por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), y Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, puede ser disímbolo: el aplauso del sector productivo, y el extrañamiento del sector oficial.
