Por David Uriarte /
Desde hace dos semanas, el personal operativo y administrativo de la UAS está presente en todas las unidades académicas. A partir de la próxima semana, lo harán también los alumnos. Estamos hablando de doce mil empleados, entre administrativos y docentes, y poco más de cincuenta mil estudiantes de nuevo ingreso, para conformar una matrícula de aproximadamente ciento setenta mil estudiantes. Este es el universo que configura a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Lo paradójico es que, a pesar de la crisis financiera de la institución y dentro de un marco de críticas específicas, la UAS mantiene un liderazgo evidente en las aspiraciones de estudiantes y padres de familia. Ellos confían en la formación educativa, conocen el grado de competencia del profesorado y esperan un producto terminado con vocación y habilidades profesionales: justo lo que el mercado laboral demanda.
La crisis financiera de la UAS es como un destino esperado, pero no aceptado. No se podía prever otra cosa ante las estrecheces presupuestales del régimen político actual. El esquema de jubilación en la universidad está diseñado para colapsarse por sí solo: no hay reservas financieras que resistan mantener en retiro a poco más de seis mil jubilados.
Existe una variable interesante: la esperanza de vida en México en 2025 es de 75.7 años en promedio, con 72.6 años para los hombres y 79 años para las mujeres, aunque existen excepciones en las que la muerte ocurre incluso después de los cien años de vida.
Lo esperable, de forma natural, es la defensa de los derechos adquiridos, el respeto al contrato colectivo, la conservación del ingreso, la búsqueda de apoyo sindical y, finalmente, como agremiados o de manera individual, recurrir a los tribunales competentes para resolver los conflictos en materia laboral.
El efecto dominó irá derribando fichas hasta llegar a sus últimas consecuencias: o se consigue dinero —lo cual parece improbable—, o la escasez detonará una revuelta posiblemente estéril. No se vislumbra luz al final del túnel.
Los aspectos legales tendrán que llegar hasta el Congreso del Estado, con modificaciones que impliquen derogación, ajuste o implementación de una nueva ley y, en consecuencia, cambios al contrato colectivo de trabajo en la UAS.
La crisis financiera en la Universidad obliga a una reingeniería, a una revisión profunda de procesos, a una reestructuración en todos los sentidos, incluso a hacer más con menos: con más alumnos y con menos recursos.
