Por David Uriarte /
Mientras muchos se desgarran las vestiduras en políticas partidistas, el gobierno de la Presidenta Sheinbaum avanza en sus objetivos y en seis meses el Poder Legislativo le aprobó treinta iniciativas.
La primera iniciativa se la aprobaron apenas una semana después de tomar posesión del cargo, fue la reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
La número treinta se la aprobaron la última semana del pasado mes de abril, fue la reforma a la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.
De los ciento treinta millones de mexicanos ¿Cuántos tienen conocimientos de estas reformas, modificaciones o adiciones a la constitución? ¿A cuántos mexicanos les afecta o benefician dichas reformas constitucionales?
El centro del análisis está en la ausencia de oposición, es decir, si la Presidenta envía mil reformas, casi todas pasarán fast track, es decir, por la vía rápida; aunque los diputados y senadores de oposición argumenten o evidencien la improcedencia de las iniciativas, el partido en el poder tiene mayoría calificada, por eso la oposición brinca y salta y no pasan de donde mismo.
Hay una ley que está en comisiones y, probablemente, pasará y estará entrando en vigor dentro de poco, es la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases de las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Entre lo propuesto destaca normar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite… Pero, en el artículo 109, establece que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables.
Mientras la sociedad se entretiene con los temas de las desapariciones, la violencia, inseguridad, temas del sistema de salud, o los desafueros, la Constitución sufre una metamorfosis cuya figura final puede ser apocalíptica.