Por David Uriarte /
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa presidida por el maestro José Carlos Álvarez Ortega, tendrá su acto público y solemne el día de mañana nueve de diciembre a las once de la mañana en las instalaciones de El Colegio de Sinaloa, ubicado en calle Rosales 345 poniente, entre Vicente Riva Palacio y Donato Guerra, colonia centro, a media cuadra de la plazuela Rosales.
En este acto se entregará la primera edición del premio estatal de Derechos Humanos 2022 a la C. Mirna Nereida Medina Quiñonez, el Consejo de premiación dictamino en su acuerdo número seis, en reconocimiento en su promoción efectiva y defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Sinaloa, reconocerla públicamente.
La vocación social de Mirna tiene sus raíces en su historia de vida, conocida por muchos y desconocida por tantos, sin embargo, su persistencia y tesón la han perfilado como un modelo a seguir, un modelo que va de los dichos a los hechos, un modelo que no busca culpables busca soluciones.
El tema de las desapariciones en México es un tema que toca las fibras más sensibles del ser humano, una cosa es la certeza de una realidad que duele, y otra cosa es la incertidumbre diaria por no saber o conocer el destino final de los seres queridos cuando son víctimas de las desapariciones.
El trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se vuelve difícil al conocer de tantos actos reclamados por la sociedad, al tener del otro lado de la mesa autoridades de cualquier orden de gobierno que son señaladas como violadoras de los derechos fundamentales.
Los análisis de las denuncias implican buscar la evidencia de las supuestas violaciones, y en caso de ser así, emitir las recomendaciones que al caso correspondan, generando con esto, a veces, justificaciones que no satisfacen a los demandantes y ocasionalmente enfurecen a las autoridades implicadas.
La paciencia y la prudencia del titular de la Comisión, José Carlos Álvarez Ortega, mantienen un equilibrio sano entre las entidades en conflicto, por un lado, la sociedad que reclama y por otro lado las autoridades que se resisten eventualmente a reconocer las infracciones generadas en el ejercicio de su deber, cuando se desbordan o se rebasan los límites entre lo legal y lo justo.
Poco a poco la sociedad y el gobierno incorporan el mismo lenguaje cuando de derechos humanos se trata.
