Por David Uriarte /

La división de poderes dejo de ser un modelo de equilibrio político y democrático, se transformó, sufrió una metamorfosis dando origen a una protuberancia que supero la simetría que facilitaba su desplazamiento armónico en una sociedad necesitada de normas de convivencia claras, representaciones equilibradas en los congresos y gobiernos respetuosos de las funciones de cada poder.

No se puede negar que el primero entre los iguales siempre ha sido el poder ejecutivo, con un protagonismo propio de quien dirige las políticas públicas en un país cuyo modelo es la suma de las entidades federativas convertidas en una República.

La frase del expresidente Fox, “El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone”, dejó de tener vigencia… en la actualidad el poder Ejecutivo dispones las directrices de los otros poderes.

El Ejecutivo logró construir un poder legislativo de mayoría simple en el 2018, ahora va por la construcción de un poder Legislativo con mayoría calificada, esto representa por lo menos las dos terceras partes del total de los legisladores para el 2024. Si esto sucede, el Ejecutivo tendrá todo el poder para literalmente exigir que no se le cambie ni una coma a las propuestas de decreto enviadas al poder Legislativo.

Con esta estrategia política, el siguiente paso del Ejecutivo será desmoronar la autonomía e independencia del poder Judicial poniendo jueces, magistrados y ministros a modo, es decir, elegirlos por la vía democrática acostumbrada, asegurando las decisiones de la administración de la justicia desde el Ejecutivo.

Estos modelos ya existen en otros países donde el Presidente se convierte en juez y parte, donde el ejecutivo acusa y juzga al mismo tiempo, en esta dinámica, México transita con rumbo claro; la desaparición real de la división de poderes.

No se trata de discusiones, se trata de lograr por la vía legal la voluntad del titular del poder Ejecutivo, logrando el control absoluto de la cámara de diputados y senadores, lo demás transita sin problema y con esto el Ejecutivo legitima sus deseos de control absoluto del poder y la conducción del país.

Someter al poder Judicial se veía difícil en una democracia participativa, donde las elecciones garantizaban la legitimación de la voluntad del pueblo, y efectivamente, esto es lo que está pasando, hoy lo dijo el Presidente, el grado de aceptación es casi del 70%.

Es el rey de los poderes.