Por David Uriarte /
Solo hay que abrir los ojos de la mente, despertar la conciencia y observar el comportamiento institucional del sector educativo. La educación pública en México puede ser tan competitiva como la privada. No es el costo lo que marca la diferencia, sino la actitud: la actitud de las autoridades, de los directivos en las escuelas, de los maestros y de los padres de familia. Es un sistema donde los subsistemas determinan el éxito o el fracaso académico de los estudiantes.
Construir una sociedad de intelectuales depende de la suma de intereses gubernamentales e institucionales, donde la comunidad de maestros, alumnos y padres de familia funciona como la chispa impulsora. En cambio, construir una sociedad de ignorantes también resulta de esa suma de intereses, pero en este caso, la comunidad educativa pierde esa fuerza motriz que podría formar un México competitivo, cognitivamente sano y libre del gusano que infecta y produce la peor enfermedad: la ignorancia.
Por supuesto, la peor enfermedad se llama ignorancia. La involución de un sistema educativo arrastra consigo la involución literal del cerebro de los estudiantes, como lo demuestran diversos estudios sobre demencia precoz. Un México competitivo surge de técnicos y profesionistas preparados, capaces de resolver los desafíos que enfrentan. Un México lleno de mediocridad está condenado al atraso económico y a la pérdida de competitividad en un mundo que avanza cada vez más rápido en ciencia y tecnología.
Los países de primer mundo lo son gracias a la capacidad de su gente, a su productividad, competitividad y, sobre todo, a la actitud de su sistema educativo: directivos comprometidos, maestros dedicados y padres que priorizan la formación académica de sus hijos por encima de cualquier otro evento, sea deportivo o de otra índole.
La peor enfermedad se llama ignorancia. La vacuna se llama educación. Llevar a los hijos a “vacunarse” contra ella es esencial. Permitir que los centros de enseñanza —esos puestos de vacunación contra la ignorancia— cierren por intereses ajenos al derecho humano a la educación es más que un crimen.
La ignorancia es prevenible. Las intenciones dolosas, no.
