Por David Uriarte /
Sinaloa enfrenta múltiples urgencias sociales. Una de las más apremiantes es la contingencia financiera que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Tanto trabajadores activos como jubilados resisten las consecuencias de la escasez de recursos federales. Aunque el gobierno estatal intenta mitigar la crisis, su capacidad económica resulta insuficiente; no todo es voluntad política, pues ciertos problemas requieren soluciones monetarias.
La tolerancia ante esta contingencia demuestra la solidaridad de los empleados universitarios. Por su parte, la reingeniería financiera busca optimizar recursos sin afectar al activo más valioso: los trabajadores. Los resultados aparecerán gradualmente, aunque el dinero disponible no basta para solventar todas las necesidades. Más allá de la nómina, existen gastos operativos, de mantenimiento preventivo y correctivo, así como una deuda acumulada con proveedores que deberá pagarse tarde o temprano. La resistencia pacífica de los trabajadores evidencia fortaleza y unión gremial: sin huelgas ni disturbios, mantienen la confianza en las gestiones de sus líderes sindicales y autoridades universitarias.
Otra urgencia evidente es el clima de violencia. Los atentados han tocado muchas puertas, afectado a numerosas familias y preocupado a las autoridades responsables de la política y la seguridad. Vulnerar la seguridad del Poder Legislativo implica “palabras mayores”, situación que ya analiza Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La inteligencia y la investigación constituyen pilares estratégicos que orientan las indagatorias sobre el intento de homicidio contra los legisladores. Todo indica que las pesquisas llevan buen rumbo; pronto, la especulación dará paso a resultados objetivos para el conocimiento de la sociedad.
Finalmente, la lista de urgencias incluye a las buscadoras de personas desaparecidas y las peripecias de las víctimas de robo de vehículos. Estos últimos enfrentan un triple conflicto: la pérdida de un bien esencial para el transporte familiar, los trámites burocráticos ante la Fiscalía y las dificultades para obtener respuestas favorables de las aseguradoras.
¿Cuál es el tema de mayor urgencia?
