Por David Uriarte /
Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, bajo este principio, los municipios se someten a la suerte del estado, y el estado a lo que indica la federación.
En esta ecuación, los factores son los comerciantes, el municipio, el estado, y las autoridades de salud cuando de contingencia sanitaria se trata.
Los comerciantes de las actividades no esenciales, se sienten a la deriva, algunos temerosos de señalamientos sociales, represalias administrativas, o de plano la clausura de sus negocios por desacato a la autoridad sanitaria que es en estos casos la rectora de las disposiciones.
Así como los médicos están en la primera fila de la batalla contra la pandemia, así la Secretaría de Economía es el primer peldaño de la escalera de atribuciones junto con la Secretaría de Salud.
Los comerciantes ya no saben a quién recurrir, algunos buscan la señal de protección del gobernador, otros de la Secretaría de Economía, algunos hablan a la Secretaría de Salud, otros más a Protección Civil, otros se refugian en organismos empresariales, asociaciones, partidos políticos, y cuando no encuentran eco y seguridad a sus peticiones, truenan en contra del Ayuntamiento.
Algunos comerciantes dicen que han obtenido autorización de la Secretaría de Economía pero de palabra, es decir, no hay autorización por escrito, por otra parte, la Secretaría de Salud no se ha pronunciado al respecto.
Mientras el semáforo sanitario en Sinaloa esté en ‘rojo’ como lo está en todo el país, esto será el principio del caos, la tensión puede avizorar explosiones violentas en contra de las autoridades municipales que en teoría son los responsables de la vida pública de sus gobernados.
En una emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud se convierte en la autoridad rectora de las conductas mercantiles y sociales, todo apunta a posibles enfrentamientos entre los sectores productivos y el municipio mientras no salga alguien a decir de manera categórica, cuales son las reglas de operación para el sector comercio.
Perversidad, negligencia, falta de cohesión entre las autoridades de los tres niveles, o cualquiera que sea la causa, la vida productiva necesita certeza jurídica.
